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prevención de la violencia de género, acoso, agresiones sexuales, etc.
200. Hacer extensivos los apoyos psicosociales y derechos laborales, las prestaciones
de la Seguridad Social, así como los derechos económicos recogidos en la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, a quienes hayan padecido violencia vicaria o violencia “por
interpósita persona”, esto es, dañar y/o asesinar a los hijos/as.
EJE 5. IMPULSO DE LA FORMACIÓN QUE GARANTICE LA MEJOR RESPUESTA ASISTENCIAL
232. Promover desde las Administraciones Públicas y organizaciones empresariales,
la mejora de la formación recibida por los y las responsables de recursos humanos
de las empresas y representantes sindicales en materia de violencia de género.
EJE 8. VISUALIZACIÓN Y ATENCIÓN A OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
252. Introducir módulos transversales sobre violencia sexual y sus tipologías, en los
contenidos de las acciones formativas desarrolladas por y para empresas privadas y
las Administraciones Públicas.
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas
urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la
violencia de género
El pasado 4 de agosto, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley
9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado
contra la violencia de género que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley
1
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil y
cuya reforma, según el propio Real Decreto-ley era “urgente a los efectos de dar una
respuesta efectiva en relación a la asistencia a las víctimas y a sus hijos e hijas
menores”.
1 Un Real Decreto-ley es una disposición legislativa provisional reservada para casos de
“extraordinaria y urgente necesidad” aprobada por el Gobierno. En el plazo máximo de un mes el
Real Decreto-ley tiene que ser sometido a la convalidación por las Cortes Generales donde se
decide su mantenimiento ya como ley o su derogación. El 13 de septiembre de 2018 el Congreso de
los Diputados convalidó el Real Decreto-ley 9/2018.
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