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Dossier

Eso sólo se logra cuando, como se dijo, en el seno de la comu- El abuso sexual infantil es una atrocidad y ningún operador
nidad, se generan los espacios culturales para que los futuros del sistema puede dejar de tomar partido en cada interven-
gobernantes, legisladores, jueces y fiscales, sean formados en ción. La mejor forma de comprometerse es estando atentos,
los actuales paradigmas. detectando y denunciando todos los discursos prejuiciosos ac-
tuales en el tratamiento de la temática. La comunidad debe
apoyar esas denuncias y sumarse en una red no sólo horizontal
entre quienes luchan contra ese flagelo, sino además en una
la responsabilidad de los jueces y del resto de los operadores
contención multidimensional que asegure que por cada ope-
rador intimidado o dañado por hacer lo correcto, habrá miles
Si bien cada operador judicial, policial o de otra área del Es- de ciudadanos que harán escuchar su voz para defenderlos y
tado, tiene la obligación de evitar nuevos sufrimientos a los reclamar por ellos.
niños víctimas, es sin duda en cabeza de los jueces donde se
asienta el factor más importante de compromiso. Porque se
trata precisamente de funcionarios a los que los Estados les
han dado la máxima cuota de poder posible para decidir sobre
la libertad, el patrimonio, y en suma, la vida de los ciudadanos.
Semejante envergadura de atribución, obliga a reflexionar so-
bre el uso que de la misma han hecho a lo largo de la historia
y continúan realizando esos altos servidores.

Como se señaló, lo jueces son los primeros obligados a ordenar
intervenciones respetuosas. Sin embargo, no es poca la respon-
sabilidad que les cabe al resto de los operadores del Estado. Un
mal juez, es dueño absoluto del destino de los justiciables. Sin
embargo su margen de acción es completamente diferente si
quienes participan del sistema, fiscales, policías, trabajadores
sociales, médicos, psicólogos, están debidamente capacitados y
comprometidos con las víctimas. La capacitación y el compro-
miso, cierran los espacios a la arbitrariedad y la injusticia.

En ese sentido, el aporte de las organizaciones no guberna-
mentales resulta decisivo. Baste recordar el trabajo de las ma-
dres y abuelas de la Plaza de Mayo en la República Argentina
respecto de las violaciones masivas a los derechos humanos allí
sufridos. Es sabido que de no haber sido por ellas y los restan-
tes Organismos defensores de los Derechos Humanos, jamás
se hubiera iniciado el proceso de verdad memoria y justicia
que antes se aludió. En igual sentido, las denominadas “madres
del dolor”, surgidas para reclamar la investigación y castigo
de crímenes comunes, cometidos contra sus hijos, son un ex-
celente ejemplo de lo que la genuina presión de las víctimas
puede lograr en un Estado adormecido en la protección de las
víctimas y en el castigo de los perpetradores.
En todos los países del mundo existen organizaciones de esa
clase que presionan a los Estados, reclamando justicia para
distintas violaciones a derechos esenciales. No hay duda que
cuanto más violentos sean los personeros de esos Estados, más
difícil se les hace la labor a esas ONGs. Pero no es menos
cierto que, cuando en el resto del mundo se logran apoyos
para esas luchas, como sucede a menudo (por ej. en el caso de
mujeres condenadas a lapidación), los cambios se producen y
las violaciones cesan. Si bien profundizar en este punto sería
alejarnos del objeto de este trabajo, valga dejar sentado la im-
portancia de la labor de aquellas organizaciones que respecto
de los derechos de las mujeres y los niños, vienen dedicando su
vida de manera desinteresada y asumiendo día a día los riesgos
de semejante empresa.

Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, señaló certeramente que
“ante la atrocidad hay que tomar partido”.

80 Infancia, Juventud y Ley