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Articulado

Otra consideración a realizar es si las medidas judiciales y los
programas empleados en su ejecución cumplen el objetivo de
prevenir la inclusión de estos jóvenes en el sistema penal de
adultos. En este sentido han aparecido diversos estudios más o
menos recientes sobre reincidencia en algunas Comunidades
Autónomas, bien realizados pos sus propios servicios técnicos
o por departamentos de algunas universidades que que esta-
blecen los niveles de reincidencia en cada una de ellas.
Sería deseable y muy conveniente un estudio que incluyera
a todas las Comunidades Autónomas con una misma me-
todología que pudiera permitir analizar diferencias entre las
mismas, si las hubiera. Este estudio, así como otros que pu-
dieran unificar u homologar aspectos básicos en la ejecución
de las medidas como las características mínimas de los centros
educativos de internamiento, la titulación mínima exigible de
los técnicos que ejecutan las medidas y tambien de los costes
económicos de los recursos. Desde mi punto de vista etos es-
tudios debieran ser impulsados desde el Ministerio que tuviera
la comtecia del seguimiento de la LORPM.

Es muy importante en estos momentos de grave crisis econó-
mica poder contar con estudios sólidos sobre los resultados de
la aplicación de las medidas judiciales de menores que contra-
poner a propuestas de reforma de la ley que, sin haberse con-
cretado, ya anunciaron tanto el presidente del gobierno como
el ministro de justicia y que parece que obedecen a dar res-
puestasa nuevas demandas mediáticas que a razones de peso.

La ley admite mejoras técnicas, incluso puede abrirse el debate
sobre bajar la edad de aplicación de la misma a los doce años
para todos los delitos o sólo para los considerados como muy
graves ya que es algo que reclaman varios colectivos. Sobre las
posibilidades de reforma de la LRPM recomiendo la lectura
del artículo La Ley penal de los menores: propuestas para su
reforma, publicado en la revista la Ley, número 7880 el cuatro
de junio de este año, por el jurista y colega Tomás Montero
Hernanz.

Concluyendo, durante estos años de vigencia de la Ley se han
consolidado tanto los recursos humanos como materiales,
con un gran esfuerzo de las administraciones autonómicas.
Aunque tenemos un amplio margen de mejora, podemos sen-
tirnos satisfechos y orgullosos del trabajo realizado por los
equipos de las distintas administraciones con competencias
en la aplicación de esta ley durante estos años. Espero since-
ramente que las reformas unidas a la crisis económica no nos
retrotraigan a los años en los que los menores de más de die-
ciseis años cumplían penas en las cárceles de adultos aunque
fuera en módulos para jóvenes. Debemos seguir valorando la
posibilidad de modificar los comportamientos antisociales de
los jóvenes a través de la aplicación de programas educativos,
es una inversión de futuro.

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