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proteger frente a violaciones de Derechos Humanos llevadas a cabo por terceros,
inclusive por las empresas.
La concreción: el Plan de Acción Nacional de
Empresas y Derechos Humanos
Con todo ello, partiendo de los Principios Rectores, se insta a los distintos países a que
elaboren su propio Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos. En el
caso español los trabajos no se demoraron y fueron iniciados y coordinados por la
Oficina de Derechos Humanos dependiente de la Dirección General de Naciones
Unidas y Derechos Humanos del entonces Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación. La existencia de un Gobierno en funciones impidió su rápida aprobación
pese a que los procesos de consulta del borrador del Plan se iniciaron en 2013,
contando con la participación, entre otros, de los Ministerios de Empleo y Seguridad
Social (donde recae la competencia en materia de responsabilidad social),
empresarios, sindicatos, patronal, sociedad civil o expertos universitarios. Se recibieron
por escrito contribuciones de un gran número de organizaciones de la sociedad civil
como ONGs, empresas, partidos políticos, sindicatos, académicos y otras instituciones.
Todo ello condujo a diseñar un Plan en el que se señalan uno a uno, los 31 Principios
Rectores y se les asocia a cada uno de ellos una serie de medidas que procuran el
avance en la correcta dirección.
La no aprobación del Plan en España, fruto del contexto político, supuso una ausencia
del merecido liderazgo internacional. No podemos olvidar que las empresas españolas
son líderes en rendición de cuentas respecto a sus esfuerzos en materia de
responsabilidad social en diversas dimensiones. España es líder en número de empresas
firmantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, iniciativa de compromiso con los
pilares básicos de la empresa responsable (derechos humanos, derechos del trabajo,
protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción).
El Consejo de Ministros aprobó, el 28 de julio de 2017, el Plan de Acción Nacional de
Empresas y Derechos Humanos con el objetivo de aplicar dichos Principios Rectores.
Se trata de un Plan que tendrá una duración de tres años desde su aprobación y que,
tal y como se recoge en el propio texto, debe entenderse no tanto como un resultado
definitivo y duradero, sino, más bien, como un primer paso en un proceso continuo en
el que se sientan las bases para una mayor concienciación y colaboración en las
cuestiones relativas al impacto de la actividad empresarial sobre los derechos
humanos.
En la actualidad solo 22 estados miembros de Naciones Unidas tenemos un Plan de
acción aprobado, si bien es cierto que algunos estados como Reino Unido ya lo han
actualizado y otra veintena se encuentran en estado avanzado de aprobación.
El Plan contempla entre sus medidas de seguimiento la remisión a las Cortes Generales
de una memoria sobre la aplicación con carácter anual. Asimismo, en diciembre de
2018 la Comisión de Seguimiento (que cuenta con representación de los distintos
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