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Milenio del año 2000, es precisamente la existencia del Objetivo 17, el de las alianzas
público-privadas para lograr los retos. Sin la implicación de todos para lograr un
mundo más humano, sostenible y justo, todo esfuerzo individual quedará en balde.
Sin una colaboración y diálogo entre empresas y gobiernos para garantizar el pleno
respeto de los derechos humanos, objeto del presente artículo, toda acción individual
quedará profundamente diezmada.
Los Planes de Acción de Empresas y Derechos Humanos, que emanan de los Principios
Rectores de Naciones Unidas, constituyen el último gran avance que los distintos
estados parte de la Organización de las Naciones Unidas están implementando para
su efectivo cumplimiento. Pero antes de adentrarnos en ello, hagamos un poco de
historia.
Contexto
El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo una redefinición de la concepción
de los Derechos Humanos. La protección de los Derechos Humanos abandonó la esfera
estrictamente nacional para ser objeto de una reglamentación internacional. El
abandono de su defensa en la esfera estrictamente nacional se debió
fundamentalmente al repudio que ocasionaron los crímenes de la Alemania nazi, al
deseo universal de paz entre una ciudadanía que había visto el continente en guerra
por segunda vez desde el inicio de siglo, al peso que poco a poco iba obteniendo la
opinión pública mundial y al hecho de que el Estado era el principal infractor de unos
derechos que sólo él podía hacer respetar.
Tal situación motivó que los Derechos Humanos fueran progresivamente incorporados
a los grandes textos internacionales, como aparece reflejado en la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (1919), en la Carta de San Francisco (1945), en
la propia Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) o en los Pactos
Internacionales de Nueva York (1966), esto es el “Pacto Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales” y el “Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos” que entraron en vigor a partir de 1976 y que hoy se encuentran ratificados
por más de 130 estados. Todo ello nos está llevando en nuestros días a ir evolucionando
hacia los llamados “Derechos de tercera generación”, estos son el derecho al desarrollo,
al medio ambiente, a la paz o al desarme, que ya no derivan de los textos
constitucionales, sino que tienen una génesis autónoma internacional y
posteriormente se trasladan a los ordenamientos internos de los distintos Estados.
Fue la declaración adoptada por consenso en la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos celebrada en Viena en 1993, la que dispuso que “todos los derechos
humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre
sí”.
El Estado debe procurar su garantía y hoy ya no son sólo los Estados los que deben
procurar su observancia, sino también empresas y otros organismos internacionales.
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