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Editorial

El calificativo de niños de la recesión no es gratuito, y tampoco un eslogan más o menos
escandaloso. Desafortunadamente es una atinada etiqueta si se quiere describir, con justeza
y precisión, el resultado que obtenemos cuando evaluamos con rigor metodológico y esta-
dístico los efectos de la última crisis económica y social sobre el bienestar de la infancia en
nuestro país. El calificativo tampoco es producto de exageraciones alarmistas locales, sino
que es constatable en los cuarenta estados del bienestar en los que se han realizado investiga-
ciones empíricas. La crisis económica y financiera ha supuesto un daño salvaje al empleo,
a los sistemas básicos de soporte de la cohesión social mínima e imprescindible, afectado
gravemente a aspectos estructurales de nuestra sociedad. Y, como no podía ser de otra ma-
nera, la crisis ha tenido un efecto devastador en el grupo más desprotegido de la sociedad:
el de los niños y adolescentes. Algunos datos nos permiten objetivar en cierto modo esta
afirmación general.

En nuestro país la recesión ha sido dramática; según estadísticas europeas, 2,7 millones de
niños y adolescentes viven actualmente en la pobreza y con riesgo de exclusión. Los resul-
tados de los informes de las asociaciones de infancia son devastadores. Así, el VII Informe
sobre exclusión y desarrollo social en España de la Fundación Foessa, el Informe de Unicef (Co-
mité español) o el Informe Pobreza infantil y exclusión social en Europa de Shave the Children,
calculan que el nivel de pobreza infantil ha crecido en los últimos años (2008-2012) en
torno al 28 %, lo que significa que alcanza a un millón de niños y adolescentes. Además, la
recesión…
tendencia al crecimiento de estas cifras ha continuado durante el último año.
Una consecuencia de esta situación, ya en el corto plazo, es una disminución significativa
para estos niños en el acceso a las oportunidades, consecuencias nocivas en su seguridad, en
su preparación, en su acceso a la educación, a los servicios sanitarios, a dietas equilibradas,
a su inclusión en entornos familiares adecuados. Todo ello aumenta su vulnerabilidad en
situaciones de indefensión ante la violencia.

El deterioro de sus condiciones de vida y el aumento de las dificultades en su acceso a
ciertos bienes sociales pueden tener consecuencias decisivas para el desarrollo físico, psico-
lógico y educativo de niños y adolescentes. Pueden, además, determinar enfermedades que
tendrán de adultos, algunos parámetros de su personalidad, su desarrollo intelectual y su
modelo de relaciones sociales. Por ejemplo, es bien sabido que una mala nutrición puede
tener consecuencias de difícil y costoso remedio, que la dificultad ante la asistencia médica
puede conducir al agravamiento de múltiples patologías, y que una deficiencia educativa
generalizada aumentará las dificultades de muchos de estos niños a la hora de acceder al
mundo laboral. Todo ello, además, tiene consecuencias sistémicas sobre la capacidad pro-
ductiva de una sociedad.

Estos datos no son los mejores para celebrar el 25 aniversario de la aprobación por la
Asamblea de Naciones Unidas de la Convención de Derechos del Niño, que obliga a los
Estados Miembros firmantes a velar por su bienestar y el reconocimiento de sus derechos.
Esta firma, que ya provocó en su día cambios legislativos, conlleva un compromiso de los
Estados con la aplicación de políticas y la provisión de recursos para el cumplimiento efec-
tivo de estos derechos.

Las políticas actuales, obviamente, no han seguido estas directrices. Por el contrario, las me-
didas restrictivas en la financiación de la infancia han provocado un deterioro alarmante en
el cumplimiento de los mandatos de la Convención, han ahondado en las dificultades de los
niños y adolescentes para su acceso a los bienes sociales que les corresponden como dere-
chos reconocidos, pasando a ser considerados como prescindibles. El sometimiento a estos
fuertes recortes han desvirtuado los objetivos de la legislación supranacional. El Interés su-
perior del menor pareciera que ha devenido en un enunciado puramente retórico, sustituido
de facto por otros intereses: ajustes, recortes, pago de la deuda, reducción del déficit público,
etc. La aparición reciente de los Proyecto de Ley Orgánica de Protección a la Infancia y del
Proyecto de la Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Protección a la Infancia son
buenas herramientas para calibrar si estos cambios se pueden producir, ya que en su esencia
conllevan modificaciones para que este interés superior se realice. Las intenciones de los dos
Proyectos son laudables y su factura técnica inmejorable; no obstante, la bondad efectiva de
las Leyes estará condicionada a las políticas de inversión económica en el segmento.
Diversas investigaciones sobre otras crisis anteriores indican que los periodos cortos e in-

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