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revista   social







                  Una vez conseguida la democracia en
                  España, los años 80, son clave en el de-
                  sarrollo social.

                  A partir de 1977, se
                  produce una crisis ge-
                  neral   en  los  movi-
                  mientos sociales, ya
                  que se vacían de con-
                  tenido, al canalizarse
                  las reivindicaciones
                  sociales a través de
                  los partidos políticos
                  y se comienza a pro-
                  ducir un trasvase de
                  dirigentes hacia las
                  instituciones    de   la
                  Administración       re-
                  cién estrenadas en la
                  democracia. 


                  Este abandono hace que las organizacio-
                  nes pasen por un cierto periodo de des-
                  concierto y de pérdida de objetivos, pro-
                  duciéndose una disminución de su capa-
                  cidad de movilización y de critica frente a         «Nuestro obje-
                  las nuevas corporaciones democráticas               tivo básico es la
                  (Urritia, 1992).
                                                                      defensa de los
                  Sin duda la creación de un Estado de Bien-          derechos huma-
                  estar, que ya existía en el resto de los paí-
                  ses occidentales, hace que muchas de las            nos y la mejora
                  aspiraciones y actividades, que venia rea-          de la calidad de
                  lizando la iniciativa social, se vean refle-
                  jadas en ese Estado.                                vida de los co-
                                                                      lectivos social-
                  La iniciativa social inicia así un retroceso
                  y una progresiva desarticulación, ya que            mente
                  asumen, que los poderes públicos no sólo            desfavorecidos»
                  deben garantizar la satisfacción de la de-
                  manda social, sino que deben asumir la
                  gestión directa de la protección y los ser-                                              once
                  vicios sociales para todos los ciudadanos
                  (Casado, 1994)
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